Encuesta revela alta adhesión de directivos sobre Sistema de Admisión Escolar (SAE)

  • La encuesta fue desarrollada en el marco de un proyecto sobre inclusión educativa liderado por la académica Ma. Teresa Rojas y fue aplicada en 2018 a directoras y directores de Iquique, Coquimbo, Puerto Montt y Punta Arenas que ya habían recibido alumnos mediante SAE. Un 82% de ellos cree que este sistema no discrimina por el origen social ni por las capacidades de los estudiantes.

Una encuesta realizada a directoras y directores de diversos establecimientos escolares del país sobre la Ley de Inclusión y en particular sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), revela un alto nivel de adhesión con este nuevo proceso que comenzará a implementarse desde el 11 y 13 de agosto en todo el país y que permitirá solicitar el ingreso a colegios públicos y particulares subvencionados.  La encuesta fue desarrollada en el marco del proyecto “Liderar la inclusión educativa en Chile: tendencias nacionales y una aproximación a la región de Magallanes”, dirigido por la académica de la Facultad de Educación María Teresa Rojas, junto con Alejandra Falabella, Natalia Salas y Michael O’Malley  y financiado por el Centro de Desarrollo y Liderazgo Educativo CEDLE, durante 2018.

En el contexto de la implementación de la Ley de Inclusión Escolar (LIE) -que prohíbe el lucro, elimina el financiamiento compartido y regula los procesos de admisión de las y los estudiantes en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado-, el objetivo del proyecto fue conocer las principales opiniones, demandas y necesidades de directores y directoras de escuelas que, a la fecha, ya habían recibido estudiantes con el nuevo proceso de admisión escolar (SAE).  La encuesta fue respondida por un total de 157 directores de escuelas municipales y particular subvencionadas de las ciudades de Iquique, Coquimbo, Puerto Montt y Punta Arenas.

Entre los principales resultados sobre el SAE, los directores creen que no discrimina por el origen social ni por las capacidades de los estudiantes (82%). Asimismo, consideran que la Ley de Inclusión es un avance positivo para el país (60%); porque garantiza la equidad y el respeto por la diversidad (66%), a través de la no discriminación de las familias (60%). Expresan esta opinión a pesar de considerar en su mayoría que la Ley se implementó muy rápido, con pocas posibilidades de generar una nueva transición (71%).

En cuanto a los principios generales de la LIE acerca de los ámbitos que regula esta ley, los directores perciben estar muy de acuerdo con terminar con el lucro en educación (90.5%); terminar con el copago o financiamiento compartido (79%); y el terminar con la selección escolar (84%). Sin embargo, al momento de evaluar lo que pasa en sus escuelas, los encuestados consideran que la LIE no tendrá efectos muy profundos. A pesar de que comparten sus grandes principios, creen que en sus escuelas ya deben trabajar en contextos inclusivos y que por lo tanto el nuevo sistema de admisión no tendrá una gran repercusión. En esta línea, los directores no creen que deban hacer grandes ajustes. La mayoría indica que tuvo que reformular los proyectos que ya poseían en torno a la inclusión educativa (50%), pero que el resto de los puntos aludidos por la Ley ya los venían trabajando hace tiempo.

En relación con el propósito central del nuevo sistema de admisión que es favorecer mayor integración socioeconómica en las escuelas, directores y directoras son más escépticos. No hay acuerdo sobre que LIE genere más mixtura social (64%). La mitad de los directores piensan que los apoderados elegirán matricular a sus hijos en sus escuelas, donde habrá más mixtura social (55%), pero también un 50% de los directores estiman que muchos estudiantes se irán del sistema público al sistema privado subvencionado. Un 23% de los directores piensan que los apoderados cambiarán a sus hijos de establecimientos debido a la LIE, rechazando la mixtura social que ésta genera.

Entre las recomendaciones de política pública, los autores del proyecto sugieren que el Ministerio de Educación debiera comunicar de forma efectiva el SAE a la comunidad en general, con especial foco en los directivos, ya que “son ellos los que deben entender y transmitir los principios, la visión y el modo de funcionamiento del nuevo sistema de admisión. El estudio evidencia que a estos actores les falta información respecto a la Ley y su normativa, y que de hecho se informan principalmente por los medios masivos de comunicación. En concreto tienen desconocimiento sobre aspectos de la ley, confusiones entre leyes, y dificultades al momento de transmitir a la comunidad los sentidos y fundamentos de la Ley”, señalan.

Descarga aquí el informe completo “Ley de Inclusión Escolar. Desafíos para liderar una política que promueve la integración socioeconómica en la escuela”.