La oportunidad legislativa está sobre la mesa, las diferencias son acotadas, y el país ya sabe qué se necesita para avanzar. Lo que corresponde ahora es que el ministerio de Educación dé el siguiente paso, cuanto antes.
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Publicada en El País.
Más de 70.000 niños, niñas y jóvenes entre 14 y 21 años en Chile no están hoy en ninguna escuela. Muchos quieran volver, pero el sistema no les ofrece una alternativa real para hacerlo. Un proyecto de ley que podría cambiar eso lleva meses detenido en una Comisión Mixta por diferencias que, en lo esencial, son posibles de resolver.
El núcleo permanente del sistema de subvenciones para la Modalidad Educativa de Reingreso, que Chile financie de manera estable la educación de quienes interrumpieron su trayectoria escolar, cuenta ya con un alto grado de consenso legislativo. Solo quedan por resolver tres nudos acotados, todos en sus disposiciones transitorias: la gradualidad de la implementación, qué tipo de establecimientos pueden participar en los primeros años, y las condiciones bajo las cuales la modalidad operará durante su período de instalación. Son diferencias reales, pero gestionables.
De los más de 70.000 niñas, niños y jóvenes que hoy están fuera del sistema escolar, 25.519 tienen entre 14 y 17 años, y alrededor de 45.400 son jóvenes entre los 18 y 21. Si bien la desvinculación anual llegó a su tasa más baja desde que existen registros, ese indicador no informa sobre quienes ya quedaron fuera del sistema, cuyas posibilidades de volver disminuyen con cada año que pasan sin una alternativa concreta de retorno. Postergar el regreso al sistema educativo implica acumular rezago, asumir responsabilidades laborales o de cuidado y debilitar los vínculos con la educación.
Dilatar la implementación de la modalidad educativa de reingreso reduce las oportunidades de retorno para miles de estudiantes. Retrasar esta iniciativa tiene, además, efectos territoriales relevantes: hoy la oferta especializada de reingreso es escasa y se concentra solo en algunas comunas, y mientras no exista financiamiento permanente, el lugar de residencia seguirá determinando si una persona cuenta o no con una alternativa para volver.
Como Observatorio por las Trayectorias Educativas, conformado por universidades y centros de investigación junto a Fundación Súmate, hemos solicitado a la Comisión Mixta alcanzar pronto un acuerdo y despachar este proyecto, de manera que pueda implementarse en 2027 con presupuesto asignado.
Pero una comisión necesita una propuesta sobre la mesa que permita zanjar las diferencias pendientes. Y ahí el rol del Ejecutivo es insustituible. Es hora de que el ministerio de Educación envíe a la brevedad una propuesta que ordene la discusión de los artículos transitorios y le dé a la Comisión Mixta un camino concreto para resolver, antes del cierre de la discusión presupuestaria.
No se trata de una petición menor ni de una exigencia unilateral. El Ejecutivo ha sido, hasta ahora, un socio activo en la construcción de este proyecto, y confiamos en que seguirá siéndolo hasta su despacho.
Tampoco se trata de un gasto nuevo e injustificado: la actualización financiera elaborada por Fundación Súmate en 2026, con bases de datos de 2025, muestra que el costo en régimen sería de aproximadamente $28.747 millones, cerca de $19.092 millones menos que lo proyectado originalmente en 2021.
Es, además, una inversión con evidencia detrás: un estudio del Instituto Milenio MIPP mostró que la reinscripción escolar reduce en 79% la tasa de delitos violentos entre jóvenes que habían sido identificados en riesgo por desvinculación. No es que la educación resuelva por sí sola todos los riesgos que enfrenta un joven excluido del sistema, pero sí sabemos que cerrarle esa puerta los multiplica.
La modalidad de reingreso responde, además, a necesidades que la oferta regular no siempre puede atender: recuperación de aprendizajes, flexibilidad curricular y horaria, acompañamiento socioeducativo, construcción de vínculos de confianza y articulación con redes de salud, protección social y oportunidades de formación para el trabajo. Esta modalidad no se limita a volver a matricular: crea condiciones para aprender, permanecer y completar la trayectoria.
La oportunidad legislativa está sobre la mesa, las diferencias son acotadas, y el país ya sabe qué se necesita para avanzar. Lo que corresponde ahora es que el ministerio de Educación dé el siguiente paso, cuanto antes.
Aprobar esta ley no crea un privilegio nuevo. Completa una obligación que el sistema educativo chileno ya tiene: garantizar no solo el derecho a estudiar, sino también el derecho a volver a hacerlo cuando el camino se interrumpió.
Por María Teresa Rojas, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y Carolina Gana, directora de la Fundación Súmate. Ambas son parte del Directorio del Observatorio por las Trayectorias Educativas.