«Nuestros profesores este año no necesitan ser evaluados, necesitan ser contenidos y acompañados, para que podamos colaborativamente ayudar a promover que la escuela se reinvente en casa» comenta la académica Andrea Ruffinelli en columna de El Mostrador.
Descarga publicación en El Mostrador aquí
COLUMNA
El día lunes 4 de mayo www.docentemas.cl informa la apertura del periodo de inscripción de la Evaluación Docente y Sistema de Reconocimiento año 2020. Se reconoce la dificultad de la situación sanitaria, pero a la vez se esgrime que por tratarse de una ley, no es posible impedir a los profesores avanzar en su carrera profesional, que es uno de los objetivos asociados a los resultados de algunos instrumentos de esta evaluación.
Llama profundamente la atención el contenido y tono del mensaje, manteniendo la línea ministerial en torno a entender los compromisos como intransables y abordarlos en las condiciones de mayor normalidad posibles, cumpliendo metas y agendas cual si poco estuviera ocurriendo desde octubre. En este escenario, parece razonable (y altamente deseable) que la autoridad pueda transmitir flexibilidad y confianza en sus docentes, en lugar de presión innecesaria y sumar agobio. Tal vez no hay mejor momento que el actual para poner sobre la mesa que efectivamente estamos frente a una ley que están mandatados a cumplir, pero asimismo, mostrar caminos de diálogo para enfrentar y buscar colaborativamente formas de generar las condiciones que se requieran para descomprimir la situación y dejar sin efecto esta evaluación. El estado de catástrofe y el impacto que tiene y seguirá teniendo en los próximos meses en los docentes sería razón suficiente para iniciar proactivamente desde la autoridad las conversaciones conducentes a su postergación, tal como lo contempla la ley, aunque hoy esto aparece como una herramienta poco visible, incluso desconocida de los reglamentos. Una autoridad empática puede tomar la opción de correr ese velo y mostrar con claridad que hay alternativas, porque comprende que la situación actual exige revisar y modificar los mandatos. Y ciertamente, por desgracia la ley contempla que estas solicitudes de postergación deben hacerse individualmente, pero parece necesario dar una señal de sensatez y promover confianza, disposición a la flexibilidad.
Los argumentos abundan y es difícil no suscribirlos. La sobrecarga evaluativa a los docentes es histórica, a estas alturas complejizada con la puesta en marcha hace 4 años de la Ley de desarrollo profesional docente, que ha implicado en la práctica una doble evaluación no resuelta que debería no tardar más en simplificarse, pero que en estos momentos, al menos, exige morigerar el paso en condiciones tan extraordinarias como las actuales.
Adicionalmente, nadie podría poner en duda la energía que han invertido en estos meses nuestros docentes intentando de pronto hacer a distancia y con mínimos recursos lo que siempre fue presencial, que ya así era arduo y complejo. Si además se considera que se trata de una profesión fuertemente feminizada, golpea una vez más al género. Profesoras a cargo de sus hijos, de sus hogares y las tareas domésticas, de su teletrabajo, del estudio virtual de sus propios hijos, y de toda la exigencia asociada a intentar llegar virtualmente a sus estudiantes, y lograr que aprendan, lidiando con presiones desde el Estado, el Ministerio, sus empleadores, la sociedad, las familias clientelizadas, con foco constante en el cumplimiento estricto de calendarios y rendiciones de cuentas en un contexto impensado. Como si no pasara nada.
La mayoría de los teletrabajadores están exhaustos, reinventando su profesión a diario a distancia. Los docentes, en su mayoría mujeres están absolutamente sobreexigidas. Entonces reciben el aviso que -sintiéndolo mucho sus evaluadores- deben añadir a su actual estrés, la preparación de esta evaluación, sin considerar tampoco que cuando volvamos a las aulas serán tiempos también confusos, difíciles y muy demandantes, absolutamente distantes de unas condiciones mínimas para ser evaluados.
Si ha habido un gran ausente en este periodo pandémico ha sido el diálogo, la construcción de decisiones consensuadas y colaborativas, incluyendo no solo a las autoridades o a los expertos, sino a los actores involucrados. Una mesa en torno a esta evaluación puede allanar los caminos para descomprimir el agobio, eliminar una evaluación, y encontrar la forma de tomar los resguardos legales para que pueda comenzar a eliminarse una evaluación desde ahora, y por el momento, postergarse.
Nuestros profesores este año no necesitan ser evaluados, necesitan ser contenidos y acompañados, para que podamos colaborativamente ayudar a promover que la escuela se reinvente en casa.
Si no hay evaluación docente este año no pasa nada. Si no hay movimientos en la carrera docente este año, no pasa nada. Es preciso discutirlo con los docentes, y podemos encontrar la forma para que sea así. Por el contrario, si seguimos poniendo presión sobre nuestros docentes, habremos fallado en ofrecer a nuestros niños y profesores condiciones mínimas de apoyo para ejercer y aprender en un momento histórico de absoluta excepción. Y el Estado habrá perdido una nueva oportunidad de proactividad y sintonía, de incluir a sus docentes en las decisiones que los implican, de hacer equipo y considerar a sus maestros.