A favor de terminar con el financiamiento compartido se mostró el académico Juan Eduardo García- Huidobro, en el foro Agenda Educación, una actividad organizada por el CIDE y la Facultad de Educación Alberto Hurtado, como una manera de aportar al debate presidencial, en el que el fin de este sistema de financiamiento ha sido una de las propuestas.
El investigador del CIDE y académico de la Universidad Alberto Hurtado señaló que este sistema transforma el derecho a la educación en un privilegio que se “compra”, declaración que formuló en el foro «Fin del financiamiento compartido: ¿fin de las desigualdades?» que contó también con la participación de presidente de la Asociación de Colegios Particulares, Conacep Hernán Herrera y del vicepresidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular FIDE Guido Crino.
El financiamiento compartido ha sido señalado como uno de los principales responsables de la segregación en el sistema escolar chileno. De hecho Chile es el país con el sistema educativo más segregado de los países que rindieron la prueba PISA.
Juan Eduardo García- Huidobro señaló que el derecho a elegir, que se está subsidiando en la educación particular, es para todos y no solo para quienes pueden pagarlo. Recordó que hay muchos países donde el Estado paga la educación privada, pero ahí existe regulación que prohíbe el cobro a las familias y el lucro, que obliga a la no selección de estudiantes y a cautelar los salarios de los docentes. “Las escuelas se segmentan de acuerdo al precio que cobran, con una importante disminución de la diversidad social en su interior, dando lugar a una fuerte y creciente segregación”.
El académico destacó las ventajas educativas de la integración social en las escuelas, tanto desde el punto de vista académico como de la formación integral: “El desempeño escolar individual está más asociado a las condiciones socioeconómicas de los compañeros de clase, que a las de la familia de origen del estudiante, según señaló la OCDE. Un estudiante vulnerable que asiste a un colegio diverso, en términos socioeconómicos, tendrá muchas más posibilidades de un aprendizaje de calidad que si asistiera a un establecimiento segregado, debido a lo que llamamos “Efecto pares”.
Agregó que la diversidad facilita la educación democrática “la escuela es la primera experiencia de igualdad en dignidad, derechos y ciudadanía, debe ser una experiencia de respeto de nuestras diferencias y particularidades culturales, religiosa y por quienes son socialmente diferentes y para eso se requiere mixtura social. “La educación que nos demos configura la sociedad que tendremos”.
El académico señala que para suprimirlo se debe cautelar no afectar a los estudiantes ni disminuir drásticamente los ingresos de los sostenedores. Propone una supresión progresiva, que se inicie con la restricción de ingreso al sistema de nuevos establecimientos junto al congelamiento del monto de copago. Posteriormente ante los aumentos de subvención, que los colegios disminuyan la misma cantidad a la cuota que pagan las familia, hasta eliminarlo completamente. Tal como lo han planteado otros académicos apoya la idea de acelerar el aumento del monto de la subvención preferencial, agregando un segundo sistema de subvención preferencial para los sectores medios incompatible con el financiamiento compartido.
Opiniones sobre financiamiento compartido
La Novena Encuesta del CIDE a Actores del Sistema Educativo, dada a conocer en marzo de este año reveló que un 64,4% de los estudiantes considera que la libertad para cobrar genera desigualdades en el país, siendo los jóvenes de colegios particulares pagados los más críticos con un 76.6%.
Por otra parte, la medición arrojó que profesores y directores tienen una mirada negativa del financiamiento compartido: la opinión referente a que este genera desigualdades sociales y educativas entre los establecimientos aumentó en el periodo 2010- 2012 de un 56,4 a un 61,3% en directores y de un 67,4 a un 70,3% en profesores. También se constató un aumento en la percepción sobre la necesidad de regular el financiamiento compartido para evitar la segmentación social: de un 72,9 pasó a un 85,1% en directores, de un 89,7 a un 90,1 % en profesores.