La académica María Teresa Rojas, publicó el capítulo “Escuelas chilenas frente a la crisis social y la pandemia” en el libro “Pensar la educación en tiempos de pandemia II: experiencias y problemáticas Iberoamericanas”, una recopilación de los docentes Inés Dussel, Patricia Ferrante y Darío Pulfer y publicada por CLACSO y Unipe: Editorial Universitaria.
El texto analiza el sistema escolar en pandemia dividiéndolo en tres tiempos: larga duración, caracterizada por la persistencia de la desigualdad y segregación en el sistema escolar chileno; mediana duración, decantada en el estallido social y la interpelación del Estado respecto a la educación, y un malestar que tuvo repercusiones desde el movimiento estudiantil y subjetividades colectivas recogidas por investigadores de las ciencias sociales; y por último el tiempo de coyuntura de la pandemia, momento de educación a distancia que tensiona profundamente a las comunidades escolares y que pone en jaque el sistema educativo y el funcionamiento de las reglas mercantiles.
En la primera etapa de larga duración, la académica reflexiona como la pandemia dejó en evidencia las brechas educacionales al interior del sistema educativo chileno, afectando directamente a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, ya que, solo un 27% ha logrado mantener cierta regularidad en sus clases a distancia a través de distintos medios, mientras que el quintil más rico, un 89% de los estudiantes declara que funciona con cierta sistematicidad en las diferentes plataformas. “Las dificultades de trasladar la enseñanza a los hogares, la pérdida del vínculo presencial entre niños y niñas en la escuela, el distanciamiento con sus docentes y los procesos de precarización académica y emocional que resultan de esta crisis sanitaria, se exacerban para la población estudiantil más pobre del país”.
Respecto al mediano plazo, María Teresa Rojas realiza un recorrido frente a la protesta social y la rabia frente a las desigualdades y la existencia de un sistema de privilegios, que fueron manifestadas con movilizaciones como la Revolución Pingüina en 2006, movimiento universitario en el 2011, la inclusión del movimiento feminista frente a las desigualdades de género en la educación en 2018 y el estallido social en 2019, protagonizada por los estudiantes secundarios con las evasiones del metro y el slogan: No son 30 pesos, son 30 años. Bajo este punto, la académica menciona que desde la existencia de estos movimientos “las investigaciones en el campo de la educación y las ciencias sociales mostraban desde hacía años distintas aristas del conflicto social expresado en el sistema escolar.”
En cuanto al tiempo de coyuntura, es el punto actual donde la tensión entre las autoridades y comunidad estudiantil más se ha visto tensionada, debido a que el Ministerio de Educación constantemente ha priorizado los objetivos curriculares en todos los niveles educativos, mientras que la percepción de los y las docentes es que no se pueden generar condiciones de aprendizaje efectivas ni acompañar a las y los estudiantes a través de un proceso de evaluación formativa y de retroalimentación personalizada. “La conciliación de tareas domésticas y profesionales es agobiante, más aún si consideramos que la mayoría del gremio docente está conformado por mujeres. En estas condiciones resulta difícil enseñar o contener la pandemia silenciosa, es decir, los problemas asociados a la salud mental, el desarrollo integral y el aprendizaje social de niñas y niños”, enfatiza.
La pandemia y la educación a distancia radicalizan una percepción desigual, y se refleja en que la cobertura de los aprendizajes cayó significativamente en los sectores con menores recursos. “La pandemia ha dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones del Estado para fiscalizar lo que sucede en todas las escuelas, para asegurar conectividad para estudiantes y docentes, incluso para asegurar la distribución de almuerzos escolares; así como la inexistencia de recursos pedagógicos que estuvieran al alcance de toda la población para paliar los efectos de la no presencialidad”, aclara.
Finalmente, concluye que tanto el país como las personas han cambiado en las últimas décadas y que la crisis social y sanitaria instala el derecho de pensar que las escuelas no pueden seguir reproduciendo la segregación social y que el Estado debe ser el garante de la calidad de todos y todas. Es de suma urgencia disminuir la desigualdad escolar y ser incipientes en políticas educativas que fortalezcan la educación pública.