Carlos Henríquez asegura que, a esta altura, el diagnóstico está claro. El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación plantea que el país ha tenido una mejora en los indicadores de los últimos 10 años -cuarto básico mejoró 12 puntos en el Simce de Matemática y 10 puntos en el de Lectura- y que «por primera vez, distintos actores, de distintos sectores, reconocen que podemos dar un salto en calidad».
Pero afirma que, para lograrlo, se necesita hacer las cosas de manera distinta, y «hay una tremenda oportunidad país que no tenemos que desperdiciar».
Así, Henríquez indica que «se requiere un país con mayor integración social», lo cual sería abordado con la Ley de Inclusión, que pone fin al lucro, selección y copago en los colegios.
También dice que se debe superar el hecho de que 130 mil estudiantes de 15 años no cuenten con las habilidades de matemáticas «para desarrollar su vida», según lo reveló la última prueba PISA.
Y afirma que «no podemos tener niños que no aprendan a leer en segundo básico. Hoy tenemos 66 mil niños que no leen comprensivamente en segundo». Ellos están en todo tipo de colegios y en todo el país.
A pesar de este escenario, desde este año la prueba Simce de lectura para segundo básico no será anual ni medirá a todos los niños. Al respecto, Henríquez señala que el Simce «reporta por escuela y por curso y para lograr que el niño lea comprensivamente no es el instrumento».
Entonces, para abordar el problema adelanta que en junio se pondrá a disposición una prueba para que todas las escuelas «sepan por niño cómo están en función de la compresión lectora, y así desplieguen todas sus posibilidades durante el año y generen acciones para que el niño pueda leer».
Y como el test será voluntario, Henríquez adelanta que se invitará a los ocho mil colegios con enseñanza básica a realizar el examen, y se enviará la prueba en papel a las escuelas rurales y a las que tienen los desempeños más bajos en las pruebas estandarizadas, para que sea más fácil su realización.
Reformas e implementación
En las últimas semanas, la reforma a la educación superior -que pronto se enviaría al Congreso- se ha tomado la agenda. Henríquez cree que «para el país sería muy penoso que educación superior finalmente se lleve toda la conversación y esfuerzo de la política pública».
Eso sí, reconoce que en los últimos dos años la agenda legislativa ha estado marcada por el mundo escolar. Y así, asegura que estas reformas «son imprescindibles y necesarias, pero tienen que ir acompañadas de espacios para que las escuelas se apropien de ellas y las vean como una oportunidad».
Henríquez indica que «lo que va a marcar la diferencia es cómo se implementan». Según él, la puesta en marcha de la Ley de Inclusión, de la Carrera Docente y en un futuro del proyecto de Nueva Educación Pública -hoy en la comisión de Hacienda de la Cámara- «tiene que tener muy bien definido el propósito, y este es un sistema educativo con mayor equidad, con mayor inclusión y oportunidad para todos, y con foco en la calidad».
En esa línea, asegura que la discusión ha estado «muy marcada desde los lugares que cada uno representa (…). Creo que al país le hace falta salir de los grupos de interés y poner por delante el trabajo de los establecimientos».
Con todo, el encargado de la Agencia dice, por ejemplo, que con la Ley de Inclusión «importa muchísimo resguardar el uso de recursos y tener buenos procesos en esa línea, pero también hay que simplificarlos, para que las escuelas municipales y subvencionadas puedan desplegar el propósito mayor, que es impactar en la calidad».
Por lo mismo, es crítico e indica que esta ley «generó más burocracia hacia los establecimientos, muchas veces producto de la discusión parlamentaria, y no necesariamente resguardando y haciéndolo compatible con el foco educativo».