Por Pablo Astudillo, publicada en El País
Hoy se conmemora en Chile el Primer Día Nacional de la Educación Sexual Integral (ESI). Según sus organizadores, esta iniciativa busca promover la ESI como “un derecho humano fundamental”, abarcando dimensiones como la afectividad, el autocuidado, la diversidad y la prevención de la violencia. Resulta llamativo que se convoque para esa jornada “la clase de ESI más grande de Chile” en pleno Paseo Bulnes, es decir, justo frente al Palacio de La Moneda, sede de un gobierno que no ha ocultado su distancia o incomodidad respecto de este dispositivo educacional.
Desconozco cuáles serán las metodologías para transformar un espacio público en un aula efectiva. Sin embargo, es fácil anticipar caricaturas sobre la ESI: estudiantes desordenados guiados por docentes asociados a una supuesta agenda ideológica. Este tipo de representaciones desplaza el debate hacia lo “normal” o “ideológico”, alejándolo de su dimensión educativa. Medios y redes probablemente oscilarán entre dos relatos: la celebración de una resistencia cultural o la denuncia de una amenaza a los valores tradicionales. Ambos enfoques convierten la discusión en un campo de batalla amplificado por las redes sociales, donde la educación sexual se vuelve un símbolo central de la llamada “guerra cultural”.
Sin embargo, permanecer en ese plano impide analizar el problema desde una perspectiva genuinamente educativa. Más allá de si la ESI constituye o no un derecho existen cuestiones de fondo y de forma que suelen quedar fuera de la disputa pública. Tal como sostienen S.J. Dodd y Déborah Tolman (2017) la educación sexual no puede separarse ni de la evidencia científica ni de las prácticas concretas en las que ocurre. Lo primero suele ser bien movilizado por el activismo favorable a la ESI; lo segundo, en cambio, muchas veces queda relegado.
No todas las escuelas cuentan con las mismas herramientas para abordar la sexualidad. No todas las comunidades educativas viven las mismas experiencias ni enfrentan idénticos desafíos. Tampoco son iguales las condiciones familiares, culturales o religiosas que rodean esas experiencias. Sin embargo, el debate político -y especialmente la crítica a la ESI- tiende a operar sobre supuestos homogéneos, como si todas las escuelas fueran equivalentes y como si los niños, niñas y adolescentes constituyeran una realidad uniforme.
¿Cómo enfrentar entonces este desafío? No existe una respuesta sencilla, especialmente en un país marcado por una profunda segregación escolar como Chile. Y considerando que, al menos en el corto plazo, parece improbable contar con una ley robusta de ESI y recursos suficientes para equiparar capacidades pedagógicas entre escuelas, quizá convenga mirar con mayor atención las prácticas y experiencias que ya existen en ellas. Porque una cosa es evidente: la educación sexual está presente en todas partes. Permanentemente recibimos mensajes sobre cómo debemos ser, desear, relacionarnos y comportarnos en materia de sexualidad. El problema no es entonces si existe o no educación sexual escolar, sino qué tipo de educación sexual estamos transmitiendo y quiénes participan en esa conversación.
En ese contexto, parece relevante prestar atención a tres elementos. El primero: cuáles son las preguntas que emergen en cada escuela, independientemente de su ubicación geográfica, dependencia administrativa o credo. Una revisión sistemática probablemente demostraría que existen diferencias importantes, pero también un conjunto amplio de inquietudes comunes pese a los contextos. Preguntas sobre consentimiento, afectividad, violencia, identidad, vínculos o autocuidado aparecen de manera transversal. Y frente a ello surge una interrogante clave: ¿cuál es la institución más adecuada para responderlas?
Allí el segundo elemento: delegar completamente esta responsabilidad en las familias resulta insuficiente. Ninguna familia, por muy comprometida o educada que sea, puede abarcar toda la diversidad de perspectivas, experiencias y dudas que hoy atraviesa el estudiantado. Además, las normas contemporáneas sobre sexualidad exigen cada vez más la capacidad de justificar y reflexionar críticamente sobre las propias decisiones. Y esa reflexión requiere espacios de conversación plural, espacios que las familias no tienen cómo garantizar. La escuela, al reunir experiencias distintas, tiene algo insustituible que aportar. No se trata de reemplazar a las familias ni de educar contra ellas, sino de ampliar los marcos de comprensión y diálogo.
Y allí surge el tercer punto: cualquier iniciativa de educación sexual integral debe resguardar el pluralismo. Para el Estado el objetivo no debería ser nunca romper vínculos familiares ni imponer una visión única sobre la sexualidad. Más bien, debería consistir en entregar herramientas para que niños, niñas y adolescentes puedan mirar críticamente aquello que han recibido, ya sea para reafirmarlo o para transformarlo de manera autónoma e informada.
No es cierto, por ejemplo, que la educación sexual integral excluya temas como la abstinencia. Lo que ocurre es que los incorpora dentro de un marco plural, donde distintas opciones pueden ser discutidas y comprendidas sin imposiciones. El objetivo final no es uniformar conductas, sino favorecer la soberanía personal y la convivencia democrática también en materia de sexualidad. Sin embargo, cuando el debate queda atrapado entre los fantasmas del “wokismo” y las narrativas de resistencia cultural, aquello que ocurre realmente en las salas de clases —con estudiantes concretos, diversos y situados— termina desapareciendo de la discusión pública.
Tal vez esa sea la pregunta más importante en esta primera conmemoración del Día Nacional de la Educación Sexual Integral: cuánto espacio habrá para escuchar las experiencias reales de las comunidades educativas y cuánto seguirá dominado por una batalla simbólica donde, una vez más, los estudiantes quedan al margen.Principio del formularioFinal del formulario