A pesar de que la reforma a la educación superior iba a ser presentada en los primeros cien días de Gobierno, el plazo se ha ido posponiendo sucesivamente. En marzo de este año se dijo que ingresaría al Congreso antes del 21 de mayo. Pero ante la inminencia de esa fecha, ayer la ministra del ramo, Adriana Delpiano, fijó el inicio de la discusión para el próximo mes.
«En junio, antes de que termine el primer semestre, este proyecto se va a estar discutiendo en la Cámara de Diputados, que es por donde va a entrar», explicó Delpiano. Advirtió que el proyecto será complejo, lo que explica el trabajo prelegislativo que aún se lleva a cabo.
Hasta fines de abril, el Mineduc había tenido 182 reuniones sobre la reforma con distintos sectores, las que ocurrieron en los últimos 25 meses. Pese a ello, en la Nueva Mayoría dicen que la falta de acuerdos es lo que impide presentar el proyecto, ya que este aún no está «maduro».
Por ejemplo, el senador Carlos Montes (PS) afirma que enviar la iniciativa ahora generaría «más problemas que soluciones», ya que debe haber acuerdo en el conglomerado oficialista. «No hay una propuesta que sea de todos y que esté madura, por lo que aún no están las condiciones para ingresarla», plantea.
A su juicio, una de las definiciones que debe tener el proyecto es «el rol que deben tener las universidades en los tiempos actuales» y si estas deben estar obligadas o no a hacer investigación.
La misma inquietud tiene el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Alberto Robles (PR), quien recuerda que «en la última sesión de la comisión hubo diferencias bastante claras en lo que debiéramos entender por universidad y si debía quedar definido en la ley».
Además, hay discrepancias sobre el financiamiento: mientras el Gobierno dice que ampliará la gratuidad a otras instituciones, con la promesa de avanzar a la universalidad, otros sectores lo creen imposible.
«Sostengo que la gratuidad universal es conceptualmente dudosa e imposible de financiar», afirma el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Ignacio Walker (DC). Detalla que esta política requiere de entre US$ 4.000 millones y US$ 4.500 millones, recursos que hoy no existirían en el país.
«La gratuidad debe ser vista como un proceso. Como seguramente habría dicho Patricio Aylwin, gratuidad en la medida de lo posible», añade Walker.
A esto se suma el hecho de que el retraso de la reforma obligaría a que la gratuidad 2017 se tramite nuevamente vía Ley de Presupuestos, un mecanismo criticado el año pasado. Ante tal posibilidad, ayer Delpiano sostuvo que «si tuviese que ser por glosa, no hay ningún drama».
Más allá de las diferencias partidarias, el retraso preocupa al mundo académico: el rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, critica que no se conozca el detalle de la superintendencia y la subsecretaría del ramo, las que «no estarán de inmediato, pero ni siquiera las estamos discutiendo, y eso es preocupante».
Fuente: El Mercurio / 17 Mayo